Debate por la Ley de Glaciares
En el centro de la agenda política de estas últimas semanas de sesiones extraordinarias en el Senado de la Nación se encuentra un tema que cruza debates ambientales y de desarrollo productivo: la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley 26.639
Por Judith Scheyer
Se trata de una discusión de alto voltaje político porque confronta dos miradas sobre el futuro del país. Por un lado, el oficialismo impulsa cambios que —argumenta— buscan facilitar el desarrollo económico, especialmente en sectores como la megaminería y los hidrocarburos. Por el otro, importantes sectores de la oposición insisten en que cualquier modificación puede significar un retroceso en la protección de recursos hídricos clave.
El bloque gobernante, encabezado por La Libertad Avanza, sostiene que la ley vigente genera inseguridad jurídica y parálisis de inversiones. Desde esa óptica, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone restringir el objeto de protección de la norma solamente a glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica. Ese cambio permitiría, según sus fundamentos, que ciertas actividades productivas se desarrollen en zonas que hoy están protegidas bajo la ley.
El argumento oficial también incluye una apelación al respeto del federalismo: cada provincia debería poder decidir sobre sus recursos naturales, sostienen desde fuentes legislativas, haciendo hincapié en territorios con potencial para litio y cobre como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Del otro lado del hemiciclo, el debate no es homogéneo, pero sí intenso. Los senadores de Unión por la Patria que se oponen a la reforma han planteado que la norma actual fue diseñada para preservar reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, uno de los objetivos centrales de esta ley desde su sanción, y que cualquier flexibilización puede poner en riesgo ese propósito.
En paralelo, organizaciones ambientalistas alertaron a legisladores y a la opinión pública sobre los posibles efectos negativos de la modificación, advirtiendo que las reservas de agua dulce protegidas por la ley podrían quedar expuestas si se debilitan sus mecanismos de resguardo.
Dentro del propio interbloque opositor también hay tensiones. El peronismo, conducido por el senador José Mayans, ha adoptado una postura crítica alineada con sectores sindicales y ambientales que buscan defender con firmeza la protección de los recursos hídricos. Sin embargo, no todos los representantes de la oposición se oponen de manera tajante: senadores de provincias con fuerte presencia de actividades mineras respaldan la idea de una mayor flexibilidad para permitir proyectos productivos que hoy la normativa vigente limita.
Ese equilibrio de presiones ha llevado a una estrategia opositora que evita proponer la eliminación total de la ley, concentrándose más bien en la búsqueda de una posición que priorice la protección ambiental sin descuidar las demandas de desarrollo económico. Ese camino, sin embargo, divide al interbloque y complica la construcción de una postura unificada.
Cómo está redactada la normativa vigente
La Ley de Glaciares establece una protección amplia que resguarda no solo los glaciares, sino también el ambiente periglacial y los suelos congelados que regulan el flujo de agua. Bajo ese régimen quedan prohibidas las actividades que puedan afectar la integridad de esas formaciones, en particular la minería y la exploración de hidrocarburos en esas zonas.
Los senadores que respaldan la modificación sostienen que los cambios buscan aportar certezas técnicas para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar los controles y auditorías ambientales que hoy exige la ley.
En cuanto al proceso legislativo, el proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado la semana pasada, y se definió que su tratamiento en el recinto será el 10 de febrero del año próximo. Esa fecha marcará un nuevo capítulo en un debate que vuelve a poner en tensión dos ejes centrales de la política argentina: cómo impulsar el desarrollo productivo y, al mismo tiempo, cómo proteger recursos estratégicos como el agua y los glaciares.