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Ley de bosques, una eterna postergada

Destruir bosques es un crimen. A 15 años de la sanción, su implementación es incompleta y la deforestación ilegal no ha decrecido. Su financiamiento insuficiente y la inexistencia de una sanción penal ambiental más exigente son algunos de sus problemas.

Por Camila Peñas

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Nº26.331) fue sancionada en el mes de diciembre de 2007. Se la considera un hito ambiental porque visibiliza la problemática de la pérdida de los bosques nativos y difunde lo esencial que son para preservar la vida en la Tierra. Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.


La Fundación Vida Silvestre monitorea todos los aspectos de la Ley de Bosques Nativos: su diseño, su implementación, su funcionamiento y sus resultados. A partir de un exhaustivo análisis y recopilación de información, expone el diagnóstico del estado de implementación de la ley y su situación actual. Algunas de las debilidades de la ley que se exponen son las siguientes:

LA DEFORESTACIÓN ILEGAL PERSISTE

Alrededor del 54% de la deforestación en 2021 ocurrió en zonas prohibidas por la ley. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terrenos, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores. En los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.

DESFINANCIACIÓN

Todavía no existe un período en donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional iguale al presupuesto exigido en la Ley de Bosques. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Según especialistas en el tema, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería , tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. No se puede proteger ningún bien natural sin fondos. Además, hay una preocupante tendencia a la baja presupuestaria lo cual resulta violatorio del Principio de Progresividad de la Ley General del Ambiente. En los dos primeros años de vigencia (2008 y 2009) la Ley no obtuvo financiamiento alguno.

DIFICULTADES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTNB)

Desde su creación han sido procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.

Uno de los aspectos centrales de la Ley es la obligatoriedad de que en cada jurisdicción se realice un ordenamiento territorial de bosques nativos. Consiste en definir los territorios en categorías de conservación. Cada categoría está relacionada con el nivel de riesgo que posee ese territorio, en base a esto se le asignan planes de acción de solución.

Las principales amenazas a los bosques nativos

  • Incendios forestales.
  • Ganadería.
  • Urbanización.
  • Sobrepastoreo.
  • Sobreexplotación forestal.
  • Crecimiento urbano sin planificación.
Documento elaborado por Fundación Vida Silvestre en 2022
Documento elaborado por Fundación Vida Silvestre en 2022

Extensión de bosques nativos

En la Argentina las provincias con extensiones forestales más importantes son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, que corresponden al Parque Chaqueño. En total, los bosques nativos argentinos ocupan el 19,1% de la superficie del país y representan el 6,5% del total de los bosques de Sudamérica y el 1,4% de los del mundo.

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de acuerdo a las distintas categorías de conservación.

Sistema de Alerta Temprana de Deforestación

El Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) es una herramienta que comenzó a aplicarse en noviembre del 2018. Monitorea la pérdida de bosque nativo de forma continua, a través de procesos automatizados basados en imágenes satelitales. Su objetivo es fortalecer el control y vigilancia en los bosques nativos, brindarle información de acceso libre y público a la sociedad civil y monitorear como se lleva adelante la Ley de Bosques Nativos. Sin embargo, esta herramienta es insuficiente para exigir la debida implementación de la ley.

Cada 15 días, el sistema procesa imágenes satelitales, aplicando algoritmos que analizan con diversas técnicas, series de tiempo y patrones espaciales. El 100% de las alertas son luego validadas y procesadas en un entorno de Sistemas de Información Geográfica, para ser cruzadas con información secundaria relacionada como el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y el Registro Nacional de Planes.

Finalmente, se envía un reporte a cada provincia con el detalle de las alertas y el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación (si estaba autorizado o no, instrumento que autoriza el desmonte, número de expediente y medidas a tomar en caso de los eventos ilegales, entre otros datos).

¿Por qué es necesario protegerlos?

Los bosques nativos brindan beneficios esenciales al ambiente y a la sociedad: ayudan en el proceso de regulación hídrica, cumplen un rol central en la conservación de la biodiversidad y de la calidad del agua, evitan la erosión del suelo y forman parte del proceso de fijación de carbono. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como ‘amortiguadores’ de agentes patógenos que pueden afectar al ser humano.
Estos servicios ecosistémicos son aún más relevantes en un contexto de crisis climática y ecológica. La pérdida de estos ecosistemas implica un aumento en el impacto de desastres naturales.

La mayor parte de la información presentada fue extraída del informe «Diagnóstico del Estado de Implementación. Ley N° 26.331» de Fundación Vida Silvestre

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