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Argentina necesita una ley de envases

Así lo expresó Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente de la Nación, en la Expo Desarrollo Sustentable 2023, declaró que la gestión es muy complicada porque «hay muchos intereses en juego», defendió sus políticas y acusó a otros sectores de representar intereses contrarios

Por Florencia Padrón

El viceministro Sergio Federovisky sostuvo que cuando se hace política ambiental, lo que uno hace es tocar intereses. En su opinión no sólo se necesitan buenos técnicos en el ministerio, sino que también se necesitan decisiones políticas. «Hay que tener un discurso agresivo, pero fundamentado respecto a cuáles son las decisiones que se deben adoptar», profundizó.

Según Federovisky, una discusión política, aún no resuelta, que mantiene con la oposición y los sectores empresariales es acerca de quién paga el tratamiento de residuos de los envases. Conforme al viceministro, Argentina necesita una ley de envases donde los productores sean los que tienen que pagar dado que son conscientes de que colocan en el mercado un envase que se convertirá en un desecho. El miembro del ministerio de Ambiente argumentó: «En todo el mundo es así, el Estado no tiene porque solventar la decisión del mercado de colocar PET (plástico) en lugar de vidrio».

Antes de la Expo Desarrollo el viceministro volvió a presentar en el congreso el proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, desde 1999 se presentaron 48 de estos para regularlos

«Estamos muy acostumbrados a varitas mágicas, a la creencia que instalando el discurso de la economía circular y el desarrollo sostenible ya resolvimos el problema. Pero, el desarrollo sustentable no existe en ningún lugar y la economía circular sigue siendo una entelequia»– expresó Sergio Federovisky.

Asimismo, criticó que muchas veces hubo secretarías que no defendieron al ambiente, sino que tenían el objetivo que «determinados intereses no sufrieran consecuencias burocrático administrativas de aplicarse las normativas ambientales».  A fin de diferenciarse, Federovisky explicó que uno de sus objetivos fue modificar el criterio de competencia del Estado nacional en materia de fiscalización y control. Buscó retomar la Ley General del Ambiente y abandonar la lectura «caprichosa» y «tendenciosa» de la constitución de 1994 en relación a que los recursos son de las provincias la cual, según el funcionario, le permitía al ministerio de Ambiente intervenir sólo en hechos interprovinciales.

El funcionario argumentó que, a pesar de que las provincias tienen la facultad para la explotación de los recursos, el ministerio conserva por ley sus responsabilidades como controlador de la calidad ambiental y social de todas las acciones vinculadas con estos recursos naturales.  A partir de esta modificación, explicó una nueva medida: «Todos los sectores relacionados con el tratamiento, disposición, transporte y generación de residuos peligrosos tienen que estar inscriptos en el registro de la nación». 

Durante la EXPO DESARROLLO SUSTENTABLE, Federovisky hizo hincapié en que Argentina necesita una ley de envases

Sobre Javier Milei, candidato a la presidencia para la elecciones generales 2023

Por otro lado, el viceministro también se refirió a una entrevista de Javier Milei de agosto del 2021 en la plataforma Twitch donde había afirmado: “El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo, hay toda una agenda de marxismo cultural. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta”. Sin minimizar su significado el viceministro opinó que sus declaraciones le parecieron de una «gravedad verdaderamente importante» porque «va en contra de lo demostrado y siempre es peligroso alguien que discute la ley de la gravedad».

«El Calentamiento global es otra de la mentiras del socialismo», Javier Milei (2021)

El viceministro consideró riesgoso el «negacionismo articulado» presente en la política. Como autocrítica, opinó que hay que preguntarse si Milei se permite decir que el cambio climático es un invento porque todo lo que se hizo en estos 30 años (desde la Convención del Cambio Climático de 1992 firmada en Brasil) sucumbió ante los intereses de 100 empresas de todo el mundo. Federovisky concluyó: «Milei está defendiendo a esas 100 empresas. Ya todos fracasamos en intentos civilizados de controlarlas y él ahora viene a decir de esto no se habla».

Según los resultados del estudio de Carbon Disclosure Project publicado en 2017, el 70% de las emisiones de carbono reportadas desde 1988 son generadas sólo por 100 industrias, en su mayoría petroleras

Sobre el conflicto del basural de Luján

La Quema es el basural de Luján, Buenos Aires, más grande de Argentina y presenta montañas de basura de 30 a 35 metros acumulada por unos 50 años. A fin de cerrarlo, el Ministerio de Ambiente, con parte del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planeó construir el Centro Ambiental de Luján, que incluye un centro de separación y recuperación de materiales y un relleno sanitario.

Sin embargo, la construcción fue cuestionada por vecinos de la zona por presuntas irregularidades en el proceso. Denunciaron que el proyecto no cumple con la exigencias del BID porque el Estado no declaró la existencia de residuos tóxicos y que presenta una amenaza para las actividades frutihortícolas. La Justicia federal hizo lugar a la demanda el 30 de abril y ordenó frenar la obra.

El basural La Quema (Luján, BS.AS.) es el más grande de los 5.000 que hay en el país

En su exposición, el viceministro defendió que todos los procedimientos se realizaron como corresponde y fueron monitoreados puntillosamente por el BID. El funcionario explicó: «El juez federal de Mercedes decidió frenar la obra alegando la inexistencia de un montón de cosas que se hicieron según lo exige la normativa, dice que no hay un estudio de impacto ambiental y una consulta, pero ambas están el expediente». 

En línea con lo anterior, calificó la medida judicial como un «capricho» y dijo que el primer amparo fue pedido por un grupo previamente denunciado por el Estado por usurpar los terrenos donde realizaban las construcciones para una actividad productiva privada. «Se le otorgó una cautelar a 4 presuntos damnificados por una actividad estatal, en perjuicio de 120.000», concluyó el viceministro.

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