Biocombustibles y la disputa por el mercado
El Senado aprobó elevar los cortes de bioetanol y biodiésel y envió el proyecto a Diputados. La discusión combina descarbonización del transporte, precios, competencia y el futuro de las pymes regionales
El Senado de la Nación dio media sanción a un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles y trasladó la discusión a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado el 17 de septiembre por 41 votos afirmativos y 25 negativos. Todavía no es ley: su contenido puede ser modificado durante la siguiente etapa legislativa.
La iniciativa fija un corte mínimo inicial de biodiésel del 7,5% en el gasoil y establece que deberá subir al 10% doce meses después de la sanción. Para el bioetanol mantiene inicialmente el 12% en las naftas y lo eleva al 15% en el mismo plazo. El cambio busca ampliar la participación de combustibles de origen biológico en el transporte y dar previsibilidad a una industria con fuerte presencia en economías regionales.
El esquema tendría una vigencia de 15 años y designaría a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Además, contempla un mercado electrónico de subastas para abastecer las mezclas obligatorias, la publicación de precios de referencia y la posibilidad de incorporar biocombustibles por encima de los porcentajes mínimos. También regula el biometano y el combustible sostenible de aviación, conocido como SAF o biojet.
En el caso del bioetanol, el proyecto reserva durante la vigencia del régimen un 6% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el obtenido del maíz. Esa distribución busca sostener cadenas productivas diferentes y con fuerte anclaje territorial. El desafío será definir cómo se asignará el volumen adicional y bajo qué reglas competirán empresas de distinta escala.
La principal controversia aparece en el mercado del biodiésel. Pequeñas y medianas plantas no integradas advierten que la apertura progresiva y la reducción de su participación reservada podrían dejarlas en desventaja frente a grandes compañías aceiteras que controlan materia prima, procesamiento y exportación. Los defensores del proyecto sostienen, en cambio, que la transición hasta 2036 permitirá sumar competencia y mejorar la eficiencia del sector.
El debate económico no puede separarse del ambiental. Un mayor corte puede disminuir el uso directo de combustibles fósiles, pero la reducción real de emisiones depende del ciclo completo de producción: origen de la materia prima, cambios en el uso del suelo, fertilizantes, consumo de agua y energía, transporte y tecnología industrial. Llamar renovable a un combustible no alcanza para demostrar que su balance climático sea favorable.
Tampoco existe un efecto automático y único sobre el precio en el surtidor. El resultado dependerá del costo de los biocombustibles frente a la nafta y el gasoil, de la disponibilidad local, de la logística, de los impuestos y de las reglas de comercialización. La posibilidad de importar ante problemas de abastecimiento agrega otra variable y obliga a precisar en qué condiciones podría activarse.
La discusión que llega a Diputados excede el porcentaje de mezcla. Allí se definirá qué empresas podrán crecer, cuáles conservarán cupos, cómo se evitará la concentración y qué controles ambientales deberán cumplir. Para que el nuevo régimen sea una herramienta de transición energética, deberá combinar reducción verificable de emisiones, trazabilidad de materias primas, competencia transparente y desarrollo federal, sin convertir la sustentabilidad en una etiqueta vacía.
Fuentes
Senado de la Nación
Diario Puntal