CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INCENTIVOS A LAS GRANDES INVERSIONES (RIGI)
En la votación en particular de la Ley Bases, a último momento el Gobierno aceptó cambios al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por algunas cámaras empresarias y apoyado por otras.
Por Agustina Devicenzi
Edición Judith Scheyer
Las primeras modificaciones llegaron por la noche del 13 de junio de 2024, y luego se sumaron otras al apartado del Título VII, que dispone el alcance del régimen a “Vehículos titulares de un Único Proyecto (VPU)” que cumplan con los requisitos, a cambio de “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo”.
El objetivo fue conseguir la aprobación en general del proyecto en el Senado. Así fue que antes de que cerraran las exposiciones los jefes de bloque, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció más cambios.
A poco de haber cumplido sus primeros seis meses en el poder, el presidente de Argentina, Javier Milei, se anotó este jueves su primer triunfo legislativo, con la aprobación por parte del Senado de la llamada Ley Bases. El paquete legislativo ahora deberá volver a la Cámara de Diputados -que lo aprobó en abril- para su sanción, ya que los senadores introdujeron algunos cambios, y allí se discutirá si se aprueba con los cambios hechos en el Senado o se quedan con la versión original aprobada hace unos meses. La votación, que se prolongó hasta la madrugada de este jueves 13 de junio 2024, había quedado empatada en 36 votos, pero el voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo que se aprobara el paquete legislativo. Pero mientras adentro del Parlamento se discutían los puntos de la ley, afuera centenares de personas protestaban. Algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov, y decenas de personas sufrieron heridas en enfrentamientos con la policía.
Detalles del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)
Se mantiene el monto base para las inversiones de US$ 200 millones, pero se restringieron los rubros incluidos. El régimen ya no se dirige a “cualquier sector”, si no a: “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”, además de “turismo, petróleo y gas, y siderúrgica”, que se sumaron luego.
Otro cambio es la incorporación de proveedores locales. Los desarrollos que queden incluidos en el RIGI deberán asumir el compromiso de destinar, como mínimo, el 20% del monto total de la inversión a contratar proveedores nacionales “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. El porcentaje mínimo deberá mantenerse en las etapas de construcción y operación de los proyectos.
El sector de minería quedó incluido en el RIGI. Foto: archivo
El Artículo 163 declara, en el marco del artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “grandes inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de “interés nacional” y “resultan útiles para la prosperidad del país y el bienestar de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”.
No obstante, aunque será de aplicación en todo el territorio nacional, estará sujeto a las normas locales. En ese sentido, el texto sostiene que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por parte de Nación como las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
El Artículo 164 establece que los objetivos del RIGI son incentivar las “grandes inversiones” nacionales y extranjeras, “promover el desarrollo económico”, “fortalecer la competitividad de los diversos sectores”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios comprendidas en las actividades” y “favorecer la creación de empleo”.
El 20% de la inversión será para contratar proveedores locales. Foto: archivo
También apunta a “generar previsibilidad y estabilidad, sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse” y “otorgar certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para eventuales desviaciones o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre Estado, provincias y autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a proyectos comprendidos”.
En el Artículo 166, se estipula que el plazo para adherirse al RIGI será de dos años a partir de la entrada en vigencia del régimen. Pero el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez la vigencia por un período de hasta un año, a contar desde el vencimiento del plazo anterior.
Beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)
Se limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos, sin necesidad de aprobación previa por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que simplifica el proceso de repatriación de beneficios. Será un 20% luego de dos años de iniciada la inversión, un 40% después de los tres y un 100% a partir de los cuatro.
Pero cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas “estratégicas de largo plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos se computarán de la siguiente manera: 20% transcurrido un año desde la puesta en marcha, 40% después de dos años contados desde la misma fecha, y 100% luego de tres a partir del mismo entonces.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, se establece una alícuota reducida y una amortización acelerada, lo que se traduce en que las empresas que participen del RIGI tendrán una tasa reducida del 25% sobre sus ganancias, en lugar de la estándar; y podrán amortizar sus inversiones en bienes muebles (como maquinaria y equipos) en al menos dos cuotas anuales, facilitando una recuperación más rápida de sus inversiones.
Otro punto a favor de las compañías son las exenciones y tratamientos especiales, que permitirá a llevar sus registros contables y estados financieros en moneda dólar estadounidense, siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esto facilita la integración con mercados extranjeros y eludir la inestable contabilidad inflacionaria del peso argentino.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -su nombre completo- es una versión reducida de la llamada «Ley ómnibus» que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir. A pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales artículos, llevando a que Milei ordenara el retiro del proyecto parlamentario, que volvió al punto cero. Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por Diputados a finales de abril, y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.